Siendo tan apasionantes como llenos de peligros y oportunidades los tiempos que nos toca vivir, cada día hacen saltar
las alarmas de cambios drásticos en la gestión de nuestros derechos, sean de autor o artista.
Hace meses que AMA se hizo eco del malestar expresado por artistas como The Black Keys, Radiohead o David Byrne, quienes en otoño de 2013 expresaban en el periódico británico The Guardian y otros medios su decepción (como poco) por la exigua cantidad que reciben los creadores de servicios de distribución y venta de música online, sea a través  de descargas o de streaming. Muy desencaminados no van, porque fijaos en lo que obtiene el autor del reparto de las cantidades que ingresan servicios como iTunes y Spotify.

iTunes (por tema descargado)

Productor (o sea, la discográfica): 57 céntimos
Autor: 7 céntimos
Distribuidor y otros derechohabientes: 18 céntimos

Total : 0,82 euros + 21% IVA = 0,99 euros

Spotify (por suscripción mensual)

Productor (o sea, la discográfica): 4,55 euros
Autor: 0,99 euros
Distribuidor y otros derechohabientes: 2,73 euros

Total : 8,27 euros + 21% IVA = 10 euros

Si bien la solución de esta situación requeriría en mi opinión de una acción global, ante la ausencia de ésta se ha puesto en marcha
una iniciativa de un congresista norteamericano, Doug Collins, representante por Georgia, quien ha hecho una propuesta de modificación de la ley vigente en Estados Unidos, que permita la implantación de tarifas más acordes a los tiempos y a los nuevos usos de la música.

Entre tanto, en un escenario paralelo, se gesta la posible salida de de las grandes editoriales de las entidades de gestión americanas, ASCAP y BMI (similares a SGAE en España). Las grandes editoriales (Majors) como Sony/ATV o Universal se sienten con capacidad suficiente para gestionar por su cuenta la recaudación y reparto de los derechos online (como mínimo) y ahora vislumbran la posibilidad legal de hacerlo.
Como de costumbre, una interpretación contradictoria de dos diferentes jueces ha posibilitado este desaguisado. Mientras que la juez Cote establecía en septiembre del año pasado que no era posible gestionar por separado el uso online de las obras, tres meses después el juez Stanton dictaminaba que, si los editores habían retirado la licencia de algunos usos de obras a ASCAP y BMI, entonces tenían que retirarles todas las licencias para todos los usos (¡), asi, dicho de una forma sencilla.

Esto abre la puerta a una más que probable salida de las Editoriales Majors de las “Sgaes americanas” o como mínimo a un conflicto acompañado de negociaciones largas y duras. Visto lo visto, resulta difícil de creer que todo esto vaya a favorecernos a ti y a mí, autores de a pie.

Manuel Aguilar
Vicepresidente de AMA
Miembro del Consejo de Dirección de SGAE